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El régimen jurídico sancionador en prevención de riesgos laborales.
Carmen Carrero Domínguez.
La Ley, Madrid, 2001. 485 págs.
Raquel Aguilera Izquierdo, Profesora de Derecho del Trabajo. UCM.
La importancia que ha adquirido la materia de prevención de riesgos laborales se proyecta en todos los aspectos del Derecho del Trabajo.
Entre los numerosos estudios publicados en los últimos años sobre la materia faltaba un análisis exhaustivo sobre su régimen jurídico sancionador y a ello dedica su interesante trabajo la profesora Carrero Domínguez.
El objeto de estudio de la obra es el análisis del significado y alcance de la potestad sancionadora de la Administración en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
La autora pretende destacar los problemas jurídicos más importantes que se presentan a la hora de establecer las conductas infractoras que deben ser castigadas y la respuesta del ordenamiento sancionador ante las mismas.
Con esa finalidad se parte del necesario estudio de los presupuestos normativos en los que descansa el derecho administrativo sancionador para a continuación analizar la responsabilidad y culpabilidad en el régimen jurídico sancionador de prevención de riesgos laborales y el procedimiento administrativo sancionador previsto en esta materia.
Nos encontramos ante un estudio interdisciplinar en el que cobran especial relevancia las aportaciones y resultados procedentes del Derecho Constitucional, del Derecho Penal, del Derecho Administrativo sancionador y del Derecho Civil.
La obra se divide en tres capítulos.El capítulo primero está dedicado al estudio de los principios de legalidad y tipicidad, presupuestos básicos sustentadores de la legitimidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
La autora realiza un análisis exhaustivo sobre el significado y alcance de estos principios y su aplicación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. No se trata de un análisis meramente teórico de dichos principios, sino que tratan de destacarse los aspectos concretos en los que la exigencia de tales principios se plasma de manera más directa.
En este sentido, se analizan los requisitos formales de legalidad que exige la Constitución en su art. 25.1 para configurar el ámbito sancionador y se estudia hasta que punto pueden colaborar otras normas con rango inferior a la Ley en la determinación de las conductas ilícitas y de sus correspondientes sanciones.
Este estudio general se traslada al campo del Derecho social sancionador para después descender al particular ámbito de la prevención de riesgos laborales. El capítulo segundo se centra en el análisis de los diferentes elementos subjetivos que inciden directamente en la imputación de la responsabilidad en materia de seguridad y salud laboral.
Se abordan, así, entre otras cuestiones las siguientes: cómo juega el principio de culpabilidad en esta materia; qué papel tiene del dolo y/o la culpa en la configuración de la infracción cuando existe responsabilidad administrativa; cuál es y cómo se delimita el sujeto infractor, sobre todo cuando se trata de personas jurídicas; y, cuáles son los sujetos responsables administrativos en materia de prevención de riesgos laborales.
La autora considera que los niveles de diligencia a los que el empresario debe hacer frente en materia de prevención de riesgos laborales son particularmente exigentes, de forma que sólo excepcionalmente el sujeto imputado podrá exonerarse de responsabilidad por el incumplimiento objetivo de la norma. Por último, el capítulo tercero está dedicado al examen de los aspectos más problemáticos del procedimiento administrativo sancionador.
En este sentido, se trata de determinar en primer lugar cuál es la normativa pertinente que se aplica al procedimiento al encontrarnos ante distintas normas que pueden conocer de la materia y que se proclaman entre sí supletorias o subsidiarias.
A continuación se analiza el derecho que tiene todo ciudadano al procedimiento, el principio de presunción de inocencia y la validez probatoria de las actas de infracción y propuesta de sanción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Tras dicho análisis, la autora centra su atención en la delimitación del papel que juega el principio non bis in idem en el ámbito sancionador y en la distribución de competencias entre los distintos órganos sancionadores (órganos competentes de la Administración General del Estado y órganos competentes de la Administración de las Comunidades Autónomas).
Termina la obra con un estudio de los problemas que presentan las distintas fases de las que se compone el procedimiento desde su iniciación hasta la resolución que le pone a fin.
En suma, estamos ante un estudio que contribuirá, sin lugar a dudas, a detectar y resolver los múltiples problemas que suscita la responsabilidad administrativa por inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos laborales.
Un estudio que se convertirá en material de uso imprescindible para todo los profesionales que deban enfrentarse a la depuración de responsabilidades administrativas en el ámbito de la prevención de riesgos.
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06.03.2003
