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La Universidad de Jaén acogerá en junio un encuentro para incluir el acoso laboral en la Ley de Reforma de la función pública.
Europa Press 02.05.2002
Jaén.



La Universidad de Jaén acogerá a mediados de junio un encuentro organizado por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, en el que se preparará documentos que permitirán la inclusión del fenómeno del acoso en el trabajo o 'mobbing' en la Ley de Reforma de la Función Pública.

Según explicó a Europa Press el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UJA, Cristóbal Molina, dichos documentos tratarán los aspectos "clínicos, judiciales y sindicales" de este fenómeno, y se plasmarán en un código de las buenas prácticas, elaborado por expertos en Sociología, para que sean incluidos en la mesa sectorial y en la negociación colectiva "pues debemos tratar un documento que vaya más allá de propuestas legislativas al Gobierno central, y se traslade al personal de la Junta a través de la negociación colectiva".

Además un grupo de parlamentarios de todos los partidos consensuarán un borrador que posteriormente será llevado a la ley de Función Pública. Cristóbal Molina, que hoy pronunció una conferencia sobre 'El acoso moral ('mobbing') en el ámbito de las administraciones públicas', abogó por este tipo de fórmulas para resolver esta "enfermedad causada por la mala organización del trabajo", y que según aseguró "generar una pérdida de recursos y de dinero, difícil de cuantificar, pues incluye las condenas indemnizatorias".

Molina reconoció que aunque el acoso moral existe tanto en el ámbito público como privado, las pecularidades organizativas debido a la fuerte jerarquización, de organismos como hospitales, universidades y entes locales, propicia la aparición de este tipo de casos, "y aunque se emplean estrategias similares y el comportamiento es igual, los factores que ayudan a unos y a otros, como el carácter cerrado de algunas instituciones afectan a su mayor incidencia".


EMPRESAS PRIVADAS


Agregó que, "aunque en las empresas privadas existe un mayor miedo a perder el empleo, en la función pública los acosadores se dedican a degradar las condiciones ambientales, creando un ambiente de aislamiento, cortando sus posibilidades de promoción profesional con el silencio, y obligando al trabajador a que renuncie voluntariamente, por lo que se dan muchos casos de excedencia por intereses particulares".

Reconoció que "no existen mecanismos para corregir este problema organizativo de salud laboral, que nace de no saber gestionar bien un conflicto", por lo que abogó por "crear las condiciones básicas y modificaciones organizativas, creando mecanismos de resolución de conflictos adecuados, con sanciones disciplinarias".

Este catedrático reconoció que en este terreno "existe un cierto sensacionalismo y alarmismo con respecto a la cantidad de personas que padecen esta enfermedad procedente de la organización del trabajo", aunque lo cifró en seis por ciento de la población activa del país --siguiendo las cifras dadas por la Organización Internacional del Trabajo--, que en España suponen 700.000 personas "las cuales no buscan ningun tipo de protagonismo y suelen padecer este acoso en silencio, sin realizar nigún tipo de denuncia".

En ese sentido, lamentó la "falta de sensibilización y de formación" tanto de los abogados, profesores universitarios "y sobre todo de los que tienen que aplicar el derecho, como fiscales o inspectores de trabajo, que no están sensibilizados para aplicar sanciones", y reconoció que "no hay respuesta jurídica suficiente" para parar este fenómeno, aunque alertó de la "psicosis de pugnar por la tutela penal y de llevarlo todo a este ámbito, cuando es mucho mas efectiva la vía contencioso administrativa, que a la hora de tutelar derechos fundamentales, es más rápido y reconoce indemnizaciones".


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06.03.2003

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