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El fiscal jefe de Castilla y León propone desvincular el acoso sexual del trabajo.
ABC
ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que acusa al alcalde de Ponferrada de acosar sexualmente a su ex concejal y ex compañera sentimental, reclama una nueva regulación de este delito, que permita condenar este comportamiento cuando entre víctima y agresor no existe relación jerárquica.
Novias, amantes, ex mujeres... Todas son víctimas potenciales del acoso sexual fuera de sus lugares de trabajo, pero la legislación española no las protege lo suficiente.
Lo dice el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis García Ancos, quien cree que la tipificación de este delito en el Código Penal «peca por defecto en su configuración» por cuanto solamente «pivota sobre la base del mundo laboral».
El máximo representante del Ministerio Público en Castilla y León, que ejercerá la acusación pública contra el alcalde de Ponferrada, el popular Ismael Álvarez, quien será juzgado a partir del lunes por acosar presuntamente a su ex concejal de Hacienda y ex compañera sentimental, Nevenka Fernández, reclama una modificación legal para que el acoso se desvincule de las relaciones laborales y se «sancionen los hostigamientos persistentes que predisponenen que las víctimas estén al borde de la enfermedad mental».
Novias, amantes, cónyuges a las que un ex, «que no quiere soltar su presa», atosiga con llamadas telefónicas frecuentes y a horas intempestivas o con su constante espera a la salida del trabajo...
«Todas estas situaciones los americanos las denominan «stalking» y tienen clara protección penal», apunta García Ancos, para quien el delito de acoso sexual, tal y como está tipificado en el Código Penal, no pasa de ser «una figura decorativa» que no protege a las mujeres del «importante daño psíquico» que les produce el ser víctimas de un «auténtico hostigamiento».
A este respecto, García Ancos denuncia las «escasas sanciones penales» impuestas por los tribunales españoles para castigar estas conductas, pese a que «hay infinidad de personas que sufren un acoso constante sin que esté ligado a las relaciones laborales y estos acosos conllevan verdaderas situaciones de angustia y no pocas con necesidad de tratamiento psiquiátrico».
El fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recoge estas reflexiones en la memoria anual de su departamento, que concluyó hace más de un mes y que remitió recientemente a la Fiscalía General del Estado.
Más movilización social
En dicho documento, García Ancos se pregunta por las razones de la escasez de sentencias condenatorias impuestas por acoso sexual en España y concluye que es atribuible no sólo a la insuficiente tiplificación de este delito, sino al miedo de la víctima a sufrir represalias si denuncia.
A este respecto, hace un paralelismo entre el delito de acoso sexual y la violencia doméstica y reclama para el primero una campaña mediática similar a la que ha permitido que los malos tratos salgan de las cuatro paredes de la vivienda de la víctima, una campaña que sirva «para concienciar al ciudadano de que debe denunciar estos hechos» para poner fin a las «consecuencias psíquicas» que padecen las víctimas del «hostigamiento».
Según García Ancos, los delitos de violencia familiar y acoso sexual tenían en común el miedo de la víctima a denunciar y su condición de «figura decorativa» en el Código Penal, condición de la que se ha desprendido el delito de malos tratos gracias a las modificaciones legislativas obligadas por la presión social.
«Ha tenido que originarse una auténtica alarma social que, junto a la infinidad de protestas de entidades feministas y a la seriedad mediatizada con que ha tratado estas aberrantes situaciones con prolijidad, es lo que ha originado una concienciación del problema y lo que ha supuesto una clara e inequívoca respuesta en el mundo jurídico», argumenta el fiscal jefe de Castilla y León, quien reclama la extrapolación a los delitos de acoso sexual de estas circunstancias que han permitido sacar del «oscurantismo» los delitos de violencia familiar.
«Los resultados serían espectaculares», concluye García Ancos, que anima a las víctimas a superar el temor a la represalia porque «es infinitamente mejor dar el paso de ponerlo en conocimiento de la Policía, jueces o fiscales, que estar permanentemente angustiado si el acoso no se corta de raíz».
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06.03.2003
