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Funcionarios españoles y marroquíes maltratan a menores inmigrantes no acompañados, según HRW.
Parte de los niños marroquíes inmigrados a Ceuta y Melilla reciben malos tratos de los cuerpos de policía y los funcionarios de los centros de acogida, según Human Rights Watch, que también acusa a Marruecos.
Canal Solidario 08.05.2002




El Gobierno de Melilla dice que no puede atender a más menores no acompañados Canal Solidario Catalunya A pesar de que la legislación española protege a todos los menores del territorio español, incluidos los niños inmigrantes no acompañados, en la práctica estos principios no se cumplen.

España no brinda la protección ni la atención suficiente a los menores inmigrantes no acompañados e incluso ha llegado a maltratar psíquica y físicamente a los niños antes de devolverlos a su país de origen.

Los datos los da Human Rights Watch (HRW), después de visitar entre julio y octubre de 2001 Ceuta y Melilla y algunas regiones de Marruecos, donde se entrevistaron con representantes institucionales, funcionarios y 36 menores.

Según esta organización, existe un “abuso generalizado contra los niños marroquíes que viajan solos a Ceuta y Melilla” y “nadie” se ocupa de ellos. “Los funcionarios españoles violan los derechos humanos de estos niños migrantes para forzarles a regresar a Marruecos y los funcionarios marroquíes los castigan por haberse ido”, añade la investigadora de la ONG, Clarisa Bencomo.

Sólo en Ceuta y Melilla hay “permanentemente” unos 150 menores inmigrantes no acompañados que intentan llegar a la península.

Parte de los niños de Marruecos deciden emigrar porque “no ven futuro” en su país y viven en la pobreza, aunque en sus países viven con sus familias y no están sólos.

Datos del Banco Mundial alertan de que la mitad de la población es económicamente vulnerable y que casi la mitad de las personas pobres son menores de quince años.

Tanto España como Marruecos se comprometieron en su momento a garantizar los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño a los menores bajo su jurisdicción.

En concreto, la legislación española garantiza a los menores extranjeros no acompañados la misma protección que a los españoles y los derechos a la educación, la asistencia sanitaria y el estatuto de residentes temporales y la protección contra la repatriación si ésta pone en peligro al niño o a su familia.

En Marruecos, el Gobierno “no supervisa” la situación de sus menores en territorio español ni facilita su repatriación cuando es lo mejor para el niño. Los menores marroquíes en Ceuta y Melilla, que tienen entre 12 y 17 años, han recibido “palizas brutales” durante su detención o su expulsión por parte de agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. Una vez devueltos a Marruecos, la policía marroquí también los maltrata y los abandona.

Según HRW, los menores inmigrantes no acompañados en Ceuta y Melilla entrevistados no recibían la residencia temporal “a la que tenían derecho por Ley, porque la Consejería de Bienestar Social, su tutor legal, no la había pedido”.

Hacinamiento en los centros de acogida En esta línea, parte de los chicos entrevistados aseguran que “se sentían más seguros en la calle que hacinados en los centros de acogida que España dispone para su cuidado”, dice HRW, que advierte de las “malas condiciones” de parte de los centros de acogida españoles.

Esta situación se agrava en dos centros específicos, el Centro San Antonio de Ceuta y el Fuerte de la Purísima Concepción de Melilla, donde las instalaciones “no cumplían las normas, la situación de hacinamiento era grave y no había espacios ni tiempo para actividades recreativas para los niños”.

“El personal de estos centros les golpeaba y amenazaba con frecuencia”. En el Fuerte de la Purísima Concepción de Melilla “los niños podían rondar libremente por la ciudad sin supervisión durante el día”, mientras que en las instalaciones de Ceuta (con capacidad para albergar una treintena de niños pero en la práctica dando cobijo a un centenar) disponen de una “celda de castigo” donde los menores que se pelean o intentan escapar pueden llegar a pasar una semana, “a veces sin acceso a un baño”.

En estos centros, los niños de más corta edad suelen ser atacados por jóvenes inmigrantes más mayores, que incluso les roban “mientras el personal observaba impasible”, denuncia Human Rights Watch. Los trabajadores de estas instalaciones “también estaban utilizando prácticas disciplinarias abusivas, tales como golpes, castigos colectivos y amenazas de expulsión”.

Según RHW, en España las consejerías de Bienestar Social, “en tanto que tutores legales encargados de proteger los intereses de los niños migrantes no acompañados”, son “directamente responsables” de las violaciones de los derechos humanos que sufren los menores en Ceuta y Melilla, aunque “no son los únicos responsables”.

“Los funcionarios españoles a todos los niveles del Gobierno no han garantizado la salvaguardia de los derechos de los niños migrantes no acompañados y han permitido que no se investiguen ni se procesen casos de abusos graves"” añade.


Recomendaciones


Ante esta situación, y para mejorar la calidad de vida de los menores, Human Rights Watch ha instado al Gobierno español a facilitar la coordinación entre los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, de Salud y Consumo y del Interior y la Fiscalía, las Consejerías de Bienestar Social de las ciudades autónoma y las fuerzas de seguridad.

Gracias a la coordinación de estos organismos, continua la ONG, los niños tendrían acceso a centros de acogida, a la educación, a los servicios de atención médica y a documentos de residencia temporal.

Así, los delegados del Gobierno español en Ceuta y Melilla deben garantizar que ningún menor sea expulsado ni repatriado sin antes haberse puesto en contacto con su familia y haber comprobado que ésta es capaz de darle la atención necesaria.

Las autoridades de Ceuta y Melilla también deben garantizar que los centros de acogida para menores no acompañados cumplan con las normas de salud y ofrezcan seguridad.

En esta línea, los gobiernos de España y Marruecos han de coordinarse para asegurar que los menores únicamente son repatriados “si son entregados a familiares dispuestos a cuidarlos y capaces de hacerlo” y que los encargados de ejecutar el retorno no son, “en ningún caso”, las policías española y marroquí.

Este es el segundo informe que Human Rights Watch publica para reprochar al ejecutivo español el trato que da a los inmigrantes y para denunciar que con estas prácticas España incumple la legislación y los tratados internacionales sobre este tema.

Hace pocas semanas, la organización denunció el trato inadecuado a los inmigrantes indocumentados en los centros de internamiento de Lanzarote y Fuerteventura.


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06.03.2003

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