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Organizaciones de DDHH denuncian el incremento de la represión tras el 11 de septiembre.
Europa Press
BRUSELAS, 20 03 2002
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) denunciaron hoy en Bruselas el incremento de la represión y la persecución de los defensores de los derechos humanos tras los atentados del 11 de septiembre.
Ambas organizaciones, que presentaron en el Parlamento Europeo el informe de 2001 sobre la situación de periodistas, abogados, defensores de medio ambiente y militantes de ONGs, llamaron la atención sobre la proliferación de acciones contra estos profesionales u organizaciones bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.
"La situación se ha agravado tras el 11 de septiembre pues con el pretexto de la lucha contra el terrorismo los defensores de los derechos humanos son cada vez más perseguidos aduciendo connivencia con el enemigo", señaló el presidente de FIDH, Saaki Daba.
En total 400 casos simbólicos de persecuciones, acosos, detenciones o ejecuciones en 80 países del mundo entero, demuestran que ciertos Gobiernos ponen los recursos del Estado al servicio de la eliminación de los grupos defensores de los derechos humanos, a su juicio, claros "nidos de oposición".
Entre ellos destaca especialmente el trato dado a los prisioneros talibán encarcelados en la base norteamericana de Guantánamo (Cuba).
El presidente de la OMCT, Eric Sottas, subrayó que uno de los elementos más graves en este caso es el de que se ha intentado retirar a estos detenidos del ámbito del derecho humanitario. Asimismo, "se ha humillado intencionadamente a los prisioneros para romper su resistencia utilizando la zona gris de la Convención de Ginebra sobre tratamientos inhumanos o degradantes", señaló.
Prácticas utilizadas en época de la URSS y que actualmente han sido detectadas en Israel. Por otra parte, las dos prestigiosas organizaciones solicitaron a la Unión Europea la creación de un organismo supraestatal, a nivel europeo, de protección de los derechos humanos, tal y como existe en Estados Unidos con la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre para recibir las quejas de grupos o individuos amenazados o acosados y evaluar la situación general de esta cuestión.
CASOS CONCRETOS
El informe revela que en América Latina existe una gran diferencia entre lo que los gobiernos defienden públicamente y la realidad sobre el terreno.
El continente ostenta nuevamente el récord de amenazas de muerte y asesinatos. En Colombia, 150 sindicalistas y al menos diez militantes de ONGs han sido asesinados en 2001.
Matilde González Izás, responsable de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, realizaba un estudio sobre los métodos utilizados por el Ejército para controlar a la población civil, con ayuda de los ex comisarios militares y ex patrullas de autodefensa.
El 2 de octubre de 2001 un grupo de desconocidos entraron en su domicilio, llevándose fotografías de su trabajo, su ordenador, resultados y pruebas de la investigación. Después de ello, fue seguida por individuos que la esperaban a la salida de su casa durante varios días.
En Asia son especialmente preocupantes Vietnam, Nepal, Malasia e India, donde las leyes permiten detenciones arbitrarias y de larga duración contra aquellos que trabajan a favor de los derechos sindicales, derechos de las mujeres o de los indígenas.
A ello se unen los casos de China, Corea del Norte, Laos o Birmania, donde la ausencia de cualquier autorización para organizaciones no gubernamentales impide desde la raíz la recogida de denuncias.
En Irán, el 13 de octubre pasado, la periodista y militante a favor de los derechos de la mujer, Fatemeh Govarraei, fue condenada a seis meses de prisión y 50 latigazos por "escritos difamatorios". Africa sigue sufriendo conflictos de dimensión regional y se multiplican crisis y tensiones.
Aunque después de tres años, ciertos países africanos se han beneficiado de una alternancia política (Costa de Marfil, Ghana, Senegal, Cabo Verde y Bénin), numerosos Estados se han visto involucrados en manipulaciones electorales o, incluso modificaciones constitucionales.
En República Democrática del Congo (RDC) el pasado agosto, el pastor Claude Olenga Sumaili, presidente de la comisión Justicia y Paz, fue detenido por hombres del Departamento de Seguridad e Información. Sufrió torturas mientras se le exigía hablar sobre el contenido de sus emisiones en la radio televisión Amani de la archidiócesis de Kisangani y sus relaciones con otros defensores de los derechos humanos. Fue puesto en libertad 21 horas después con la orden formal de no testificar sobre el trato que se le dio en sus horas en prisión.
La experiencia no exime a Europa de este mal, especialmente en lo que se refiere a los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) o países del Este.
"Todos estos Estados se enfrentan a una corrupción endémica. La creación de la organización de cooperación de Shanghai de junio 2001 y los datos tras los acontecimientos del 11 de septiembre, incrementan la inseguridad cotidiana de la que los defensores de los derechos humanos son víctimas y refuerzan la criminalidad de toda actividad ligada a una forma cualquiera de oposición", recoge el informe.
El derecho al asociacionismo o incluso de recibir fondos extranjeros, son regularmente vapuleados en diferentes grados en Turkmenistán, Tadjilkistán, Uzbekistán, Kirghizistán, Kazahstán y Bielorrusia.
En Turquía, todas las personas que osen tener propósitos sobre cuestiones tan sensibles como los kurdos, islamismo y Ejército continúan siendo arbitrariamente perseguidas.
Italia y República Checa ha destacado este año por la represión desproporcionada por las fuerzas del orden frente a las manifestaciones del movimiento antimundialización.
En Reino Unido, las investigaciones relativas el asesinato de dos abogados, perpetrados en Irlanda del Norte, están en punto muerto.
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06.03.2003
