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Expediente Nº 13.900/96. Juzgado Nº 44. Autos:"Fasce Mirta Viviana C/ Aramze Hilda Ruda y otro sobre despido".
Buenos Aires, 21 de septiembre del 2000.
(ver fallo confirmatorio de la sentencia apelada)

 

La apelación de la actora debe resolverse:

 

A. Marco referencial democrático

 

1. La decisión meramente formal, utilizada por la doctrina tradicional, se queda en la superficie del Derecho sin ahondar en las profundidades del caso concreto, constituido no sólo por normas sino también por realidades, valores y conducta transformadora, como expresa la Teoría Sistémica del Derecho Social, de acuerdo a la cual el Derecho (d) es un conjunto, integrado por dos entradas, la realidad ® y los valores (v) y dos salidas, las normas (n) y la conducta transformadora (t), pudiendo formularse: d = (r + v) + ( n + t).

El Derecho, ciencia social y como tal blanda (en contraposición a las naturales o a las matemáticas, calificables como duras), integra la «vida humana objetivada» (Luis Recanses Siches, «Filosofía del Derecho», Porrúa, México, 1959, p. 97).

Por ello debe tener en cuenta el mundo en que se pronuncia la sentencia y el sentido de la Historia.

Como 'sólo el realismo conduce a resultados concretos porque el positivismo es chato y el idealismo fantasioso' (Mario Bunge, «Las ciencias sociales, hoy», en 'Clarín', 30.04.98), el presente caso debe resolverse teniendo en cuenta la realidad, los valores y las normas, buscando que la decisión consolide espacios de Justicia y tal vez, al hilo del modelo/seguimiento, influya en otras latitudes porque en un mundo globalizado también se ha globalizado la Justicia.

2. La eficacia de los Derechos Humanos se irradia sobre el Estado, la sociedad civil y las empresas. Para consolidar la Justicia y la dignidad del hombre en el caso concreto, el Poder Judicial ha de conducir la energía condensada en aquéllos y aplicarla a la situación.

Ese compromiso judicial, ético en sus raíces, se normativiza a partir de la directiva expresada en el art. 14 y en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Siendo los documentos de Derechos Humanos enumerados en la Constitución Nacional art. 75, inc. 22 superiores a las leyes, no se puede prescindir de ellos en la solución de los casos concretos, hasta tal punto que la prescindencia puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino (CS, 'Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA', 26.12.95).

Tampoco se puede obviar la Declaración Sociolaboral del Mercosur, porque, emanando del Tratado de Asunción, es superior a las leyes (C.N., art. 75, inc. 24). En un mundo global, la sentencia concreta adquiere una dimensión planetaria.

Llegado el caso, debe ser comunicada a los organismos ternacionales relacionados con el tema que se resuelve. Así como «los hombres no son islas», tampoco lo son los países. Por eso, como todo juez vive en el mundo, debe comunicar su decisión al mundo, mediante los medios protocolares del caso y también mediante Internet: la tecnología al servicio no sólo de los intereses económicos sino también al servicio de la Justicia, con ojos abiertos para ver la realidad, como la esculpiera magistralmente Lola Mora.

 

B. Datos (realidad) (r )

 

1. La actora ha sido suspendida por siete días por un acto de indisciplina, consistente en «propalar entre algunos empleados de la firma la falsa versión de que se le había encomendado detectar la existencia de hurtos, con la presunta intención de sembrar discordias y zozobras entre el personal».

Ante ello, la trabajadora niega los hechos indicados, rechaza la suspensión, intima al empleador a ratificar o rectificar los términos empleados de «sembradora de discordias y zozobras» bajo apercibimiento de iniciar querellas penales o civiles pertinentes, y se da por despedida el 20.05.1994.

2. El señor Juez tiene por no probados los motivos de la suspensión y hace lugar parcialmente a la demanda en base al salario denunciado por la trabajadora ($1200), condenando al empleador a satisfacer el salario de mayo 1994 hasta el día del despido, el SAC proporcional al primer semestre 1994, las vacaciones proporcionales 1994 con el SAC correspondiente, las vacaciones 1993 con el SAC correspondiente, todo por $ 1.829,02.

Considera injustificado el auto/despido porque la suspensión puede impugnarse pero no causa injuria que legitime la decisión de la trabajadora. Estima que ésta no esperó que el empleador ratificara o rectificara los términos empleados por lo que se apresurado a extinguir el vínculo, violentando así RCT art.10. 3.

Ante tales datos, cabe resolver la s iguiente pregunta: ¿ el acoso moral expresado en una suspensión legitima el auto/despido del trabajador?

 

C. Valoración (v)

 

1. La dignidad del hombre, fuerza que surge de su naturaleza y se expande a todos los componentes de la sociedad civil, se ha expresado en la Carta Internacional de derechos humanos, especialmente en la Declaración Universal de derechos humanos (art.1) y en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art. 3).

También en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Preámbulo). La eficiencia jurídica de un país no se mide por la cantidad de leyes sancionadas ni por el número de tribunales sino por el modo cómo es tratado en la norma y en la jurisprudencia el ser más débil de la relación (Enrique Marí, X Conferencia Nacional de Abogados, Rosario, 1983, ad sensum, citado por Liliana Beatriz Constante, «Acción de amparo. Sistema de derechos de base constitucional», en «La Ley», 14.10.1999, pág.3).

2. En este caso se hallan comprometidos los siguiente s derechos humanos:

a un orden social justo. Declaración Universal de Derechos Humanos, art.28 2.

a la buena fama. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.5 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,17 Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, art.11 3.

a condiciones dignas de trabajo. Declaración Universal de Derechos Humanos, art.23

 

D. Menú normativo (n)

 

a. Normas constitucionales

En el presente caso se hallan comprometidas las siguientes directivas:

Derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo(CN art.14 bis)

Derecho a ser protegido contra el despido arbitrario (CN art.14 bis)

Derecho a la propiedad privada (art.17)

 

b. Normas legales

En el presente caso se hallan comprometidas las siguientes:

Respeto de la dignidad del trabajador (RCT art.68)

Tarifa indemnizatoria (RCT art.245)

 

E. Decisión como conducta transformadora de la realidad (t)

 

a. auto/despido de la actora.

 

1.En una especie de suma positiva (1 + 1 = 2), las relaciones laborales se basan en el respeto mutuo, en la buena fe y en el sentido común, guardando en los archivos de la historia, junto con el arado de mancera y las ruecas de nuestras abuelas, el autoritarismo empresario, operación de resultado negativo (1 – 1 = 0), en que la ventaja de uno se logra por la desventaja del otro.

Como expresa Amartya K.Sen, Premio Nobel de Economía 1998, «El asunto se vuelve particularmente relevante cuando se examina la posibilidad de tener un sistema moral sustantivo que dé absoluta prioridad a ciertas restricciones relacionadas con los derechos. En tal sistema, los derechos imponen restricciones que no pueden ser relajadas y que tienen el efecto de excluir ciertas alternativas. Las personas han de obedecer tales restricciones, no importan qué otras cosas puedan o no hacer»(«Bienestar, justicia y mercado», Paidós, Barcelona, 1997, pág.102).

2. La dignidad de un trabajador, además de constituir uno de los supremos bienes de su persona, en eones de agudo des/empleo es un elemento importante porque el trabajador despedido o acusado de graves deficiencias morales o éticas difícilmente logre reinsertarse nuevamente en el circuito formal del empleo. Engrosará los estratos excluidos de la sociedad, nuevos leprosarios sociales (cr.Robert Kurz, «Der Kollaps der Modernisierung», Reclam, Leipzig, 1994, pág.248) formados por «sujetos/dinero/sin/dinero» (loc.cit) quienes, más temprano que tarde, saldrán en procura de sus derechos, construyendo sobre las ruinas de nuestra arrogante civilización, una nueva, tal vez más hominizada, tal vez más justa y solidaria. Los actuales movimientos sociales agrarios en América Latina y las resistencias en las ciudades ante los sucesivos momentos del ajuste cuasi eterno muestran a las claras que los excluidos, gracias a Dios, ya no aceptan la resignación como receta o el «Más allá» como lugar de existencia. El presente caso trata, precisamente, de la dignidad de la actora.

3. El acoso moral en el trabajo consiste en «cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad psíquica o física de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo» (cr.Marie-France Hirigoyen, «El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana», Paidós, Bs.As., 2000, pág.48).

Los empleadores acosan a los trabajadores de varias maneras, entre ellas derivarles más tareas que las comprometidas en la relación, dirigirse a ellos con palabras duras que los atemorizan, mantener deprimidos los salarios argumentando que la situación económica es dificil, disciplinarlos con la posibilidad cierta del des/empleo, utilizar frases hirientes.

Algunos trabajadores acosados suelen estresarse hasta tal punto que pierden la vida al cruzar la calle mientras el acosador, como si nada tuviese que reprocharse, no sólo estuvo presente en el entierro sino además busca nuevas víctimas, tal cual un vampiro que no se sacia con la primera sangre ajena.

En este caso, los motivos aducidos por el empleador para suspender a la trabajadora (tacharla de disociadora) han sido acosantes porque no sólo agrede su dignidad sino también cuestiona su persona en relación con los demás trabajadores.

Teniendo en cuenta los motivos acosadores existentes, la suspensión sufrida por la actora no sólo ha sido injustificada, como bien valora la sentencia, sino también injuriosa hasta tal punto que impide en la realidad continuar la relación: en ese aspecto, la conducta de la actora es valiente porque en vez de continuar una relación acosadora ha elegido mantener su propia dignidad aún en una situación explosiva y creciente de desempleo. Por tales razones, el auto/despido ha sido legítimo.

4. Cabe desechar los argumentos elaborados por la sentencia: + RCT art.242 no distingue situaciones, bastando que surja el incumplimiento hasta tal punto grave que impida continuar la relación. + la continuidad en el empleo no impide al trabajador ofendido considerarse despedido. + a todo evento, RCT art.10 se aplica solamente en caso de duda, lo que no sucede en este caso. + no era necesario que la actora esperase la respuesta del empleador a su intimación de ratificar o rectificar sus palabras acosadoras porque esa intimación era al efecto de la querella penal o de la acción civil, no al efecto de considerarse o no despedida.

 

b. embarazo de la actora

 

1. El telegrama 2792 denunciado en la demanda, mediante el cual la actora notifica al empleador su embarazo, aparece como recibido (fs.93) por lo que la trabajadora demuestra haber notificado al empleador. La conducta del demandado confirma el dato: cuando es intimado a presentarlo, ya que fue ofrecido como prueba en su poder, no lo niega pero tampoco lo presenta, sosteniendo que no lo tiene (fs.60).

2. De ello se deduce que ha sido notificado.

 

c. monto de condena

 

1. Teniendo en cuenta la facultad judicial de fallar en sede laboral ultra petita y reparando que l os montos descriptos en la demanda responden parcialmente a las normas que reconocen los derechos de la actora, cabe adicionar a la condena los siguientes elementos: + in demnizació n substitutiva del preaviso: $ 1.200 + SAC sobre esa indemnizaci ó n: $ 100 + indemnizació n por despido (mí nimo 2 meses): $ 2.400 + indemnizació n especial por RCT art.182: $ 15.600 + subtotal……………………………………………………………… $ 19.300 2.Por ello, el total de la condena es $ 21.129,02 ($1.829,02 + 19.300). 3.Cabe imponer las costas de ambas instancias al demandado y regular los intereses de acuerdo a la tasa activa adelantada que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de crédito, como ha resuelto esta Sala en «Cappello, Verónica Andrea c/ Instituto Privado de nutrición y metabolismo» (26.12.1999) en que el dr.de la Fuente adhiriera a mi posición. Esta tesis, por otra parte, ha sido receptada por la Corte Suprema en la causa «Zacarías,Claudio c/Provincia de Córdoba y otros» (28.04.1998).

 

d. honorarios

 

1. Teniendo en cuenta la nueva decisión, cabe regular sobre el monto de condena (capital e intereses) los honorarios profesionales de primera instancia en los siguientes porcentajes: 18% para el letrado de la actora, 14% para el letrado del demandado, 6% para el perito contador.

2. Los honorarios de segunda instancia se regulan sobre los de primera en el 35% para el letrado de la actora y en el 25% para el letrado del demandado.

 

e. conducta del Poder Judicial ante la clandestinización.

 

1.La actora ha sido clandestinizada por el demandado, como surge de la pericia de fs.71.

2. La clandestinización de la relación laboral es un modo sofisticado de discriminación ya que excluye del universo normativo a los trabajadores afectados y un modo claro de hipocresía que castiga a los inocentes. Al respecto resuenan las expresiones de Juan Pablo II el Viernes Santo del 2000: "La negación de la verdad ha generado sufrimiento y muerte y son los inocentes los que pagan el precio de la hipocresía humana". "No es suficiente lavarse las manos, queda siempre la responsabilidad por la sangre de los inocentes" (cr. "Clarín", 22.04.2000).

La clandestinización, total o parcial, es un virus que perjudica a los trabajadores, a los empleadores cumplientes, al Estado y atenta al proceso de integración económica del Mercosur. Por eso, debe ser sancionado severamente por el Poder Judicial y, en los límites de su competencia, informado al Ministerio de Trabajo, a la Organización Internacional del Trabajo y al Grupo Mercado Común, a sus efectos.

3. Respecto del Ministerio de Trabajo, cabe enviar copia de esta sentencia cumplimentando así el art.17 de la ley 24.013.

4. La OIT se ha empeñado en erradicar la discriminación en las relaciones laborales, y así lo ha expresado en la "Declaración sobre principios y los derechos fundamentales en el trabajo" (1998), decisión que compromete a nuestro paìs en la medida que es miembro de la Organización.

El texto de la Declaración, en su parte pertinente, expresa:"...todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:

a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

c) la abolición efectiva del trabajo infantil;

y d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación...." "...para hacer plenamente efectiva la presente Declaración, se pondrá en marcha un seguimiento promocional, que sea creíble y eficaz, con arreglo a las modalidades que se establecen en el anexo que se considerará parte integrante de la Declaración......".

Por ello, cabe enviar copia de esta sentencia a la Organización, a sus oficinas en Buenos Aires y mediante Internet al E Mail: normes@ilo.org

Esta Sala ya lo hizo así en "Bravo, Walter Edgardo c/Unilever de Argentina SA s/despido" (sentencia del 05.03.1999) en la que el dr. Fernández Madrid adhiriera a mi propuesta, que decía: "5. Dada la globalización de la Justicia como valor (como se aprecia, entre otros, en los casos Astiz y Pinochet) y teniendo en cuenta que en época de ajuste neo/liberal el despido sin causa puede constituir una tortura larvada o en grado de tentativa cabe informar de la situación a la Oficina Internacional del Trabajo, a sus efectos.

Por ello, se remitirá copia certificada de esta sentencia a la sede de Buenos Aires y directamente a Ginebra al siguiente E Mail: normes@ilo.org".

5. La Declaración Sociolaboral del Mercosur reconoce entre los derechos individuales de los trabajadores el de igualdad de trato: "Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social ó familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación respecto de los grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo." (art.1)

Por ello,cabe enviar copia de esta sentencia al Grupo Mercado Común.

 

f. Decisión

 

Teniendo en cuenta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 5, la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1, 23 y 28, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.7. la Declaración Sociolaboral del Mercosur, art.1, la Constitución Nacional arts. 14 bis y 17, RCT art.68, 182 y 245,

 

corresponde:

 

1. Revocar parcialmente la sentencia y acoger la demanda, con costas de ambas instancias al demandado

2. Condenar al demandado a satisfacer a la actora las sumas indicadas anteriormente (($1.829,02 + 19.300) con intereses, desde la mora de cada uno de los elementos de la misma hasta el pago, a la tasa activa adelantada que cobra el Banco de la Nació n Argentina e n sus operaciones comunes de cré dito, como ha resuelto esta Sala en "Cappello, Veró nica Andrea c/ Instituto Privado de nutrició n y metabolismo" (26.12.1999).

3. Sobre el monto de condena (capital e intereses) regular los honorarios de primera instancia correspondientes al letrado de la actora en el 18%, al letrado de los demandados en el 14%, al perito contador en el 6%. Los honorarios de segunda instancia, correspondientes al letrado del actor, se regulan en el 35% de los de primera instancia y los del letrado del demandado en el 25%.

4..librar oficio al Ministerio de Trabajo, a los efectos de la ley 24.013,art.17.

5. enviar copia de esta sentencia a la OIT, en sus oficinas de Buenos Aires y mediante Internet al E Mail: normes@ilo.org. a sus efectos.

6. enviar copia de esta sentencia al Grupo Mercado Común, a sus efectos.

Así voto.

 

***

 

EL DOCTOR HORACIO HECTOR DE LA FUENTE DIJO:

 

I -Disiento con el voto que antecede. Comparto el criterio del a quo en el sentido de que, en principio, la aplicación de una suspensión disciplinaria no autoriza al empleado a darse por despedido, por lo que estas situaciones deben ser apreciadas con un criterio muy restrictivo.

Y esta valoración debe aún mucho más estricta en los casos -como es sub examen- cuando el despido indirecto da derecho a percibir una indemnización muy superior a la común, como es la establecida en los casos de embarazo, ya que de lo contrario estaríamos premiando a la trabajadora que se extingue el contrato prematuramente con el sólo objeto de percibir una generosa reparación, en contra de los principios de buena fe y de conservación del contrato.

A partir de lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia y rechazo de la demanda en base a dos argumentos principales:

a) como bien dice el a quo, al misma actora no consideró cerrado el tema de la acusación en cuanto en la misma comunicación de despido pidió a la accionada que se "rectifique o ratifique" a lo dicho.

Me parece apresurada e intempestiva la actitud de la trabajadora que se da por despedida sin esperar la respuesta a su pedido de aclaración, demostrando así que su único interés, al extinguir la relación, era el de cobrar una suculenta indemnización.

b) Aunque se probó que el empleador dio la orden a la actora para que vigilara especialmente a dos empleados porque pensaban que estaban robando, lo cierto es que también se acreditó que aquella incurrió en un acto de deslealtad al hacer conocer a sus compañeros las instrucciones recibidas, infidencia que por cierto sólo pedía acarrear inquietud y malestar en el personal afectado (véase declaración Noriega, fs. 134, coincidente con la de Flecha, fs. 67 vta., aceptada implícitamente por la parte actora a fs. 70).

Es decir que la versión difundida por la actora no fue falsa -como pretende la demandada- pero tampoco se puede desconocer que esa infidencia constituyó un acto censurable frente a su empleador.

De este modo, aún cuando se llegara a considerar injustificada la suspensión disciplinaria aplicada a la actora -como lo decidió el a quo- su comportamiento desleal tampoco puede justificar la decisión extrema adoptada de extinguir el contrato (art. 242 LCT).

Por ello propicio se confirme la sentencia impugnada.

II) Costas de alzada a cargo de la parte actora. Regúlanse los honorarios de los letrados firmantes a fs. 302 y fs. 312 en un 25% y 30% respectivamente de lo que a cada uno le corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.

 

***

 

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto del Dr. De La Fuente.

 

***

 

En atención al resultado del presente acuerdo,

 

EL TRIBUNAL RESUELVE:

 

I) Confirmar el fallo apelado.

II) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora.

III) Regular los honorarios de segunda instancia a los firmantes de fs. 302 y fs. 312 en un 25% y 30%, respectivamente de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.

 

Cópiese, regístrese, notifíquese y vuelvan.


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06.03.2003

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